La Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República y el Colegio de Abogados pidieron al Tribunal Constitucional acoger una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 13 y 41 de la ley 2334, sobre registro de actos civiles judiciales y extrajudiciales, que impone un costo para el retiro de las sentencias. La acción de inconstitucionalidad, presentada por el abogado Ángel Lockward, fue conocida este viernes 21 de junio durante una audiencia pública que celebró el TC en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
